El cierre de la Junta Especial número 33 de Puebla y el envío de casi 7 mil expedientes en el último trimestre de 2025 a la Junta Federal 46 de Tlaxcala se tradujo en un fracaso para la impartición de justicia laboral, coinciden abogados que representan a trabajadores. Los litigantes afirman que los juicios siguen atorados, que han tenido que promover más de 120 amparos para obligar a la autoridad a cumplir etapas mínimas del procedimiento y que los costos de defensa para los trabajadores se han disparado sin que exista una mejora real en la resolución de los conflictos obrero patronales; además, señalan que se desconoce cuántos asuntos de Puebla han sido desahogados, pues la opacidad ha prevalecido.
El 17 de junio de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, mediante el cual se suprimió la Junta Especial 33 en Puebla. Un día después entró en vigor el cierre y se dispuso que los asuntos en trámite se remitieran a las sedes federales de Tlaxcala y Oaxaca, pese a que la reforma laboral de 2019 estableció que las juntas deberían desaparecer conforme concluyeran su carga de trabajo, no antes.
En Puebla había alrededor de 10 mil 77 expedientes rezagados y los temas obrero patronales se turnaron a Tlaxcala, con un universo aproximado de 6 mil 696 juicios. Desde entonces, abogados laboralistas sostienen que el acuerdo vulneró el derecho de los trabajadores a litigar en el lugar donde residen y rompió la equidad procesal frente a las empresas demandadas.
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