El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, marcó una postura de cero tolerancia frente a posibles actos de corrupción tras los señalamientos sobre un presunto fraude en la venta de vehículos a través de redes sociales, en el que podría estar implicado un trabajador del gobierno estatal.
El mandatario dejó en claro que su administración no intervendrá para frenar investigaciones ni proteger a servidores públicos, y sostuvo que cualquier vínculo con actividades ilícitas deberá ser esclarecido conforme a la ley, sin distinciones.
En ese contexto, el caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado, dependencia que ya realiza las indagatorias correspondientes para determinar el alcance del presunto fraude y la posible responsabilidad de funcionarios o particulares.
El gobernador explicó que estas prácticas suelen operar mediante anuncios digitales dirigidos a personas interesadas en adquirir vehículos, quienes son atraídas por precios bajos y facilidades aparentes, para después enfrentar irregularidades en la documentación o la entrega de las unidades.
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