El presidente municipal de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, enfrenta señalamientos por presuntamente incumplir con sus obligaciones alimentarias y evadir una prueba de ADN en un proceso judicial, de acuerdo con el colectivo “Ley Sabina Campeche CAM”.
La organización denunció que este caso representa una forma de violencia económica ejercida contra mujeres e infancias, lo que consideran incompatible con el cargo público que actualmente ocupa el edil, quien mantiene fuero y salario a pesar de los procesos legales en su contra.
Integrantes del colectivo recordaron que tanto la iniciativa de la Ley Sabina como la propuesta 3 de 3 contra la violencia establecen que ninguna persona identificada como deudora alimentaria o agresora debe ocupar un puesto de representación política o administrativa.
El caso de Hernández Rath se suma a las críticas ciudadanas hacia funcionarios que, desde sus cargos de poder, promueven discursos en defensa de la familia mientras enfrentan denuncias por incumplimiento en el ámbito personal. Para el colectivo, esta contradicción refleja una normalización de la impunidad en el ámbito político.
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