La administración de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, enfrenta una realidad que se vuelve imposible de ocultar, la actividad de las células del crimen organizado protegido por las autoridades estatales.
El cobro de piso y la extorsión dejaron de ser rumores aislados para instalarse como una práctica cotidiana que asfixia al comercio, a la industria y a los pequeños empresarios en Tlaxcala.
Lo que antes se presumía como “uno de los estados más seguros del país” se ha convertido en un espejismo que ya nadie cree, las cifras bajas en inseguridad, se debe a la falta de denuncias por los afectados.
Magdalena Luna López, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia de Coparmex Tlaxcala, aseguró que los empresarios están asediados por tres grupos del crimen organizado (Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Pacífico/Sinaloa y La Barredora) que han extendido sus redes por el territorio estatal.
Calpulalpan, San Pablo del Monte, Apizaco y la propia capital son hoy los epicentros del miedo donde comerciantes y empresarios pagan cuotas de extorsión que van de los 10 mil hasta 150 mil pesos.
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