Fue rechazada la Cuenta Pública 2020 del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez por el Congreso de Baja California, la cual sería sobre su primer año.
Fue considerado que existían irregularidades administrativas, como el contrato a una empresa privada para el suministro de energía fotovoltaica destinada al acueducto Río Colorado-Tijuana.
En este contrato el gobierno estatal se comprometía a pagar 37 mil millones de pesos en el curso de 24 años con una garantía de pago de las participaciones federales.
Otra de las observaciones fue por el incumplimiento de pago de un crédito fiscal por 800 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; bajo el concepto de fondos federales destinados a la Secretaría de Educación.
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